Este mecanismo ha sido recientemente revisado a raíz de la aprobación del nuevo estatuto de autonomía de Cataluña, en el que se dispone que en una comunidad, después de ser solidaria con las demás, la inversión per cápita no puede ser inferior que una que recibe esos fondos. Esto se ha debido a las transferencias de capital que el sistema autonómico exige de las comunidades más ricas y dinámicas hacia las comunidades más estancadas económicamente, con la notable excepción de País Vasco y Navarra que a pesar de tener una economía dinámica, y una de las rentas per cápita más altas del país no aportan fondos de solidaridad.